Ley de Identidad de Género: a 13 años de un reconocimiento histórico irrenunciable
Este viernes 9 de mayo conmemoramos la sanción de la Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.743), la cual establece que cualquier persona tiene derecho a que se reconozca su identidad de género autopercibida, incluyendo el cambio de datos personales y el acceso a tratamientos de salud.
Desde la Facultad de Ciencias Sociales y su Secretaría de Géneros y Derechos Humanos el año pasado conmemoramos este derecho así como repudiamos el intento del gobierno nacional por invalidar su concreción con los Decretos 61/2025 y 62/2025. Entendiendo que los mismos implican una obstáculo en su cumplimiento impactando directamente en la salud física y mental de la comunidad LGBTIQ+.
Hoy 2025 no observamos retracción en la acción gubernamental al respecto. Al contrario, el impedimento para la realización de los tratamientos hormonales en las adolescencias trans, postergando el acceso a terapias hormonales, así como las dificultades para dar inicio a los trámites del cambio registral (ausencia de formularios, falta de respuesta ante los pedidos) son ejemplos claros del avasallamiento sistemático hacia los derechos de esta comunidad, que a las claras ponen en evidencia que para esta gestión del gobierno nacional no hay vuelta atrás en su intento de volver al pasado.
Entre estas medidas se suman la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública nacional, el desfinanciamiento de los programas de salud reproductiva, destinados a garantizar el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual, y la disolución de organismos públicos para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia de género vulnerando los derechos de mujeres e identidades sexo-genéricas.
Consideremos necesario recordar el objeto por el cual la Ley de Identidad de Género es sancionada: cualquier persona tiene derecho a que se reconozca su identidad de género autopercibida. El acceso a la terapia hormonal para personas trans se encontraba garantizado por esta ley e indicaba que no se requería autorización judicial ni médica para iniciar el tratamiento, solo un consentimiento informado. Sin embargo, el gobierno nacional ha limitado las terapias hormonales en menores de 18 años a través del Decreto 62/2025, impactando en la integridad de su salud.
Mantenemos presente nuestra memoria en el largo recorrido por la obtención de los derechos de esta comunidad históricamente vulnerada y, por lo tanto, resistimos a la vuelta de un pasado oscuro de violencia y de invisibilización de las identidades trans, no binarias y diversidades. Bajo ningún concepto, consentiremos el accionar de prácticas ilegítimas propuestas por el gobierno nacional para desarticular el cumplimiento de esta ley ni daremos un paso atrás, en lo que consideramos, un derecho irrenunciable.
