Día Internacional contra la Lesbofobia, Homofobia, Transfobia y la Bifobia
Este sábado 17 de mayo nos proponemos reflexionar acerca de la discriminación y patologización de la comunidad LGBTIQ+ en el marco del Día Internacional contra la Lesbofobia, Homofobia, Transfobia y la Bifobia.
Esta fecha conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990, durante la 43.ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en Ginebra, con el objetivo de coordinar acciones que sirvan para concientizar y denunciar la discriminación, la violencia y el hostigamiento hacia las personas homosexuales, bisexuales, transgénero y transexuales.
Desde la Facultad de Ciencias Sociales, creemos en la importancia de defender los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ y en expresar nuestra preocupación por los discursos de odio legitimados desde el gobierno nacional. Medidas como el impedimento para la realización de los tratamientos hormonales en las adolescencias trans, dificultades para dar inicio a los trámites del cambio registral, la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública nacional, entre otras tantas, no sólo atentan contra el debido proceso democrático para su implementación e incumplen las leyes ya existentes, sino que impactan directamente sobre sus derechos constitucionales incrementando la brecha de desigualdad.
El incremento de la violencia y los ataques homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos no se inscriben, como se pretende instalar, como casos aislados, enunciando dichos ataques como reacciones individuales de personas con patologías mentales. Por el contrario, por un lado, observamos que la gestión pública nacional alienta estas prácticas con comentarios despectivos desde los medios de comunicación. Como vimos este mismo año, en el Foro Económico Mundial de Davos, el Presidente se refirió a las personas de la comunidad LGBTIQ+, que promueven la diversidad y la inclusión, como una “epidemia” o “cáncer” que debe ser extirpado, acusando a la comunidad, de vulnerar los derechos de las infancias, en un intento estigmatizante y discriminatorio de continuar construyendo un enemigo colectivo por fuera que quienes realmente atentan contra sus derechos, así como desviar la mirada de los verdaderos responsables de cometer delitos y atentar contra el desarrollo integral de las niñeces.
Por otra parte, el gobierno nacional cierra programas orientados a acompañar, orientar y asistir a dicha población históricamente vulnerada, así como el cese de difusión de información estadística que impulsaba programas en torno a sus derechos, tal como observamos el viernes 16 por la mañana al repasar la Resolución 291/2025 y la Resolución 292/2025 publicadas en el Boletín oficial de la RA. En las mismas se advierte la supresión de 12 programas nacionales y registros destinados a políticas de igualdad del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, concretando la eliminación de:
-Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero
-Programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios”
-Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad a Nivel Comunitario
De esta forma, impiden la recopilación de datos estadísticos en particular, e invisibilizan en términos generales, problemáticas concretas, obturando de este modo la obtención de datos y diagnósticos para la elaboración y diseño de políticas públicas situadas en las particularidades de las realidades territoriales.
Las eliminaciones que se publican en las resoluciones mencionadas, se sostienen por el ejecutivo nacional esgrimiendo argumentos falaces como la afirmación de “utilizar los recursos de manera “eficiente” y la “necesidad de simplificar la intervención estatal”, reforzando de este modo la discriminación y desproteccion a que la población travesti-trans es sometida bajo la gestión nacional actual.
Desde la Secretaría de Géneros y Derechos Humanos, seguimos trabajando y abogando por la defensa de los derechos humanos de esta comunidad, a partir de las diversas herramientas que sostenemos día a día: el Programa Sociales Escucha, el Protocolo contra la violencia de género y la Consejería de Salud Sexual Integral. Todas ellas constituyen una muestra más de nuestra lucha por la defensa de los derechos humanos de esta comunidad históricamente vulnerada, además de nuestro rechazo a la violencia, discriminación e invisibilización de la comunidad LGBTIQ+ ejercida por el Estado Nacional. Bajo ningún concepto, consentiremos el uso de prácticas ilegítimas para desarticular el cumplimiento de las leyes que permiten y aspiran a que vivamos en una sociedad más justa y equitativa para todes.
Contactos:
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