Debate sobre el Poder Judicial en América Latina
El miércoles 16 de julio se realizó el primer encuentro del ciclo La democracia en el banquillo. El encuentro, de carácter internacional y en modalidad virtual, contó con la participación de Cecilia Abdo Ferez, Emir Sader, Fernando Mayorga, René Ramírez Gallegos y Anahí Durand Guevara y abordó la problemática del «Poder Judicial en América Latina».
Abrió el debate Luciano Nosetto, quien hizo las veces de moderador, invitando a que las ciencias sociales participen de esta conversación, a desplegar una mirada analítica sobre el fenómeno del vínculo entre el Poder Judicial y la política democrática y «preguntarnos si hay un modo latinoamericano del vínculo entre el Poder Judicial y la política democrática. Cuanto menos desde el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009, son bien numerosos los casos en que el Poder Judicial ha intervenido de manera decisiva de nuestras democracias.». Luego le dio la palabra a Cecilia Abdo Férez quien describió que salvo en Uruguay y Chile todos los países latinoamericanos tuvieron judicialización de los líderes políticos en los tres años posteriores al que salen de la Presidencia. A su vez, puntualizó sentirse incómoda frente al término lawfare » porque traslada todo el andamiaje conceptual de la guerra al sistema judicial. Se entiende por Lawfare el uso abusivo de la ley y el sistema judicial con objetivos políticos. Es un término erróneo en este sentido: pone al poder judicial en términos de pasividad, como un mero instrumento de la política». Agregó que ese poder funciona de modo «altamente corporativo, endogámico, con privilegios que son excepcionales. Que tiende a protegerse como bloque.»
A continuación Anahí Durand Guevara mencionó que nos encontramos ante una crisis del régimen de la democracia liberal. «La idea de que los poderes se contrapesan entre sí es parte de las quimeras o ilusiones que nunca se completaron, sobre todo en América latina. Pues tenemos más bien sociedades patrimonialistas, como en Perú, donde hubo mucha resistencia a salir del Virreinato», agregó. En la misma línea, rememoró el golpe de Alberto Fujimori como puntal de la intervención de las dictaduras en el Poder Judicial: «tenemos un estado de excepción por un lado, donde se legalizan los jueces sin rostro, pero tiene este punto de partida en la intervención que hace la dictadura fujimorista y es una crisis que se ha seguido arrastrando».
En tercer lugar, René Ramírez Gallegos aportó que «la Justicia se ha transformado en un dispositivo que mantiene con vida casi artificial la convivencia entre la forma de democracia liberal y neoliberalismo. No arbitra entre derecho y bien común sino entre Mercado y Estado cooptado» y concluyó con esta frase: «el estado de excepción es la norma y al ser la norma no podemos decir que estemos hablando de democracia».
Finalmente, el sociólogo boliviano Fernando Mayorga sostuvo que las encuestas presentan al poder judicial como uno de los más cuestionados en ese país. En ese sentido, afirmó que «en 2009, con la reforma constitucional entre las varias novedades está la elección popular de los magistrados y el tribunal plurinacional. Los resultados de la elección popular de magistrados no tuvieron consecuencias positivas puesto que no se llevó a cabo una reforma del sistema de justicia. Se mantuvo la crisis en el órgano judicial, se exacerbó la opinión negativa en la ciudadanía respecto al funcionamiento del Poder Judicial».
