Informe a la comunidad de Sociales sobre el horizonte de las jubilaciones
La Comisión de Enseñanza, reunida en sesión extraordinaria este 20 de marzo, dictaminó por unanimidad “prorrogar las designaciones de todos los docentes interinos hasta el 31 de julio de 2012, y manifestar la preocupación de la Facultad y la necesidad de atender a la situación planteada por el Rectorado con relación al cese de designaciones docentes, y trabajar en una solución de fondo, inclusiva y de largo plazo”.
El dictamen expresa la fuerte preocupación de corte político y académico de la totalidad de los Consejeros, de las autoridades y de la Facultad en su conjunto ante el horizonte de un cese de haberes de una parte importante de nuestra planta docente. Del mismo modo, la agenda con propuestas de trabajo abierta a futuro, surgidas del debate para acercar posiciones, es resultado de la voluntad colectiva para encarar, en tiempos prudenciales, la delicada situación que afecta a unos 160 docentes de la Facultad de Ciencias Sociales; voluntad de naturaleza diálogica y orientada por la doble premisa de plegarse a la ley en lo que hace a los docentes de entre 65 y 70 años, y encontrar una figura capaz de reconocer y retener la sabiduría, experiencia y conocimiento de los mayores de 70. En tal sentido, el consenso construido para la elaboración de este dictamen reposa en la confianza en que el diálogo con el Rectorado no se interrumpa, y sean atendidas nuestras perspectivas.
El escenario que se nos plantea tiene una larga historia y se ha acelerado desde los últimos meses de 2011. En octubre de ese año, el Rectorado anunció que los salarios de los profesores mayores de 70 años se iban a “bloquear” a partir del 31/12/11. El anuncio parecía obedecer a una enérgica vocación ordenancista por parte de las autoridades de Rectorado dirigida a poner en norma lo que había sido un desmanejo acumulado de más de quince años en las situaciones jubilatorias.
No obstante el cuadro, las autoridades de la Facultad y su máximo órgano directivo, advirtieron los perjuicios políticos, académicos y humanos que se derivarían de imponerse sin mediaciones y en las fechas fijadas por Rectorado la voluntad de regularizar la situación. No ha escapado a ningún actor de Sociales el drama que ha habilitado la figura del “jubilable”, instalado a partir de los mandatos administrativos de Rectorado; a la vez, se ha generado el convencimiento de que el ordenamiento administrativo no puede establecerse de manera traumática ni ignorado la necesidad de contemplar plazos aceptables que no pongan en jaque la oferta curricular ni desconozcan las historias particulares y comunitarias que han ayudado a forjar las tradiciones de esta casa de estudio.
En tal dirección, el Consejo Directivo de la Facultad solicitó, en noviembre de 2011, la derogación de la Resolución del Consejo Superior N°2067, que trata aspectos normativos del cese de las designaciones docentes por razones edad. Al mismo tiempo, el Decano abrió una serie de conversaciones con las autoridades de Rectorado cuyo logro inicial ha sido una primera prórroga del estado de situación hasta el 31/03/12 para aquellos docentes que, según interpretación de la resolución referida, deberían estar a ese momento jubilados o con los trámites jubilatorios ya iniciados.
A fin de proteger la trama colectiva que hacen a la esencia de la vida común universitaria, las gestiones del Decano también se orientaron a realizar una serie de consultas con diversos actores de la Facultad; entre ellos, las organizaciones gremiales docentes. Resultado de estos encuentros, ha sido el compromiso común de coordinar acciones de ser necesario.
Fuera de los muros de Sociales, las Facultades de Arquitectura, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería y Medicina y el CBC se encuentran en una situación similar a la nuestra, aunque el número de afectados no alcanza la magnitud de Sociales. Ya se han producido bajas en tres de estas Facultades y, a pesar del compromiso que cada uno ha manifestado, no hemos podido, todavía, impulsar una política común. Queda pendiente como un desafío a cumplir, si fuese necesario.
El espacio de tiempo conquistado entre diciembre y marzo ha permitido a la comunidad de Sociales instalar la problemática y comenzar a diseñar la agenda de temas que, necesariamente, están concatenados a la interrupción del pago de salarios y que no pueden sino encararse desde lo político-académico. Que la relación contractual entre empleador –la Universidad de Buenos Aires- y empleados -los docentes- deje a la Facultad de Ciencias Sociales administrativamente al margen; más aún, que el trámite jubilatorio ante la ANSES tenga carácter personal, no impide al colectivo de la Facultad reconocer y reclamar la universalización de la opción jubilatoria a los 70 años y el acceso al 82% móvil, tal como la ley nacional N°26.508 señala, sin discriminar entre profesores y auxiliares ni entre regulares e interinos, dado que en muchos casos los auxiliares y/o interinos no lo son por elección propia o de la Facultad , si no por obstáculos inherentes a la normativa universitaria.
La continuidad de las conversaciones y la gestión del Decano con Rectorado, que ha venido manifestando comprensión y receptividad ante las dificultades del caso, lograron como resultado una nueva prórroga hasta el 31 de julio de 2012. En este plazo se tratará la agenda fijada que, entre otras cuestiones, incluye la creación de una figura, distinta a la del Profesor Consulto, que permita la permanencia de los jubilados sin afectar sus derechos jubilatorios y sin privarnos de la riqueza que aún pueden aportarnos.
Arribar a los consensos básicos es un camino plagado de matices, tensiones, idas y venidas. Las consideraciones para caracterizar el estado de situación, comprender en profundidad la implicancia y los efectos de las decisiones administrativas de Rectorado, ponderar la singularidad de los casos, trazar criterios y lógicas de acción en función de la dimensión esencial del problema que enfrentamos son de por sí materia de reflexión; someterlos a la pluralidad de voces que nos conforman es parte del compromiso y responsabilidad del Decano. Esto no constituye una debilidad; sino el respeto pleno del ejercicio democrático de la comunidad toda de Ciencias Sociales.
El carácter unánime del dictamen elaborado en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Enseñanza revela, pues, la cohesión de la colectividad académica de la Facultad de Ciencias Sociales y manifiesta nuestra voluntad y esperanza para que el diálogo con el Rectorado se profundice y nos permita encontrar los caminos necesarios para la mejor resolución. Cuidar nuestro plantel docente, aún en la instancia jubilatoria, es nuestra obligación como comunidad. No podemos permitirnos situaciones expulsivas que liquiden nuestras tradiciones intelectuales. En esto va nuestro compromiso, nuestra unidad y nuestra responsabilidad.
